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SOS25: 15+10 - Sostenibilidad en España 2025
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Resumen
SOS25: 15+10 — Sostenibilidad en España 2025 — Resumen
“Lo que no se mide no se puede mejorar.” — Lord Kelvin
Único informe independiente sobre la evaluación de los ODS en España diez años después de su promulgación.
En 2014 el Observatorio de Sostenibilidad publicó *Sostenibilidad en España* con más de 150 indicadores más allá del PIB. Desde 2015, esa metodología se aplica a los ODS. En 2025 se presentan las tendencias de la década y recomendaciones para avanzar en la Agenda 2030 hacia un futuro habitable.
Diez años midiendo la sostenibilidad del país
El marco del OS se apoya en cuatro conceptos:
- Generaciones futuras — dejar un mundo más seguro, resiliente y con mayor biodiversidad.
- Bienes comunes — agua, atmósfera, aire, biodiversidad y paisaje gestionados a largo plazo, no solo por rentabilidad inmediata.
- Seguridad y estabilidad — reducir riesgos de calor extremo, inundaciones, sequías y extremos meteorológicos.
- Inteligencia colectiva — soluciones compartidas entre administración, empresas y ciudadanía.
Autores y equipos
Autor principal: Carlos Alfonso (Observatorio de Sostenibilidad). Coordinador: Fernando Prieto (Observatorio de Sostenibilidad).
Equipo Observatorio de Sostenibilidad: Neus Crous (Dra. en Sociología); Raúl Estévez Estévez (big data y SIG); Máximo Florín (Dr. en Biología, UCLM); Juan Avellaner (Dr. Ingeniero Industrial); Ignacio Marinas (Ingeniero de Caminos); Víctor del Val (desarrollo web geoespacial); Begoña Diéguez (bióloga).
Equipo Fundación Ciudadanía: Juan José Salado Sánchez (director); Matías Sánchez González (coordinador de programas).
Sobre el informe
Han transcurrido diez años desde la Agenda 2030 y sus 17 ODS. En 2025, a dos tercios del plazo, medir el progreso es rendición de cuentas y base para acelerar. Los avances han sido desiguales; pandemia, crisis geopolíticas, inflación y extremos climáticos han ralentizado objetivos clave como pobreza (ODS 1), desigualdades (ODS 10) y clima (ODS 13).
El Observatorio de Sostenibilidad es un *think tank* de métricas independientes sobre clima, biodiversidad, ocupación del suelo, inundaciones, descarbonización, calidad del aire, desigualdad, energía, economía circular, ciudades y ODS. La Fundación Ciudadanía (utilidad pública) trabaja en innovación educativa, empleo, cooperación y desarrollo sostenible, con vocación europea e iberoamericana.
Ambas organizaciones evalúan el cumplimiento de los ODS en España en 2025 y las tendencias desde 2015 a partir de estadísticas oficiales, expertos e investigación.
Resumen de evaluación ODS’25
| ODS | Tema | Desempeño | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Fin de la pobreza | graves carencias | mejoría destacable |
| 2 | Hambre cero | graves carencias | deterioro destacable |
| 3 | Salud y bienestar | insuficiente | deterioro destacable |
| 4 | Educación de calidad | intermedio | ligera mejoría |
| 5 | Igualdad de género | insuficiente | mejoría destacable |
| 6 | Agua limpia y saneamiento | graves carencias | deterioro destacable |
| 7 | Energía asequible y no contaminante | insuficiente | estabilidad |
| 8 | Trabajo decente y crecimiento económico | graves carencias | ligera mejoría |
| 9 | Industria, innovación e infraestructura | insuficiente | ligera mejoría |
| 10 | Reducción de las desigualdades | graves carencias | estabilidad |
| 11 | Ciudades y comunidades sostenibles | insuficiente | estabilidad |
| 12 | Producción y consumo responsables | insuficiente | deterioro destacable |
| 13 | Acción por el clima | insuficiente | deterioro destacable |
| 14 | Vida submarina y costa | graves carencias | estabilidad |
| 15 | Vida de ecosistemas terrestres | graves carencias | ligero deterioro |
| 16 | Paz, justicia e instituciones sólidas | insuficiente | estabilidad |
| 17 | Alianzas para lograr los objetivos | intermedio | ligera mejoría |
Hallazgos principales
- Deterioro destacable en ODS 12 (producción y consumo), ODS 13 (clima), ODS 2 (hambre/agricultura), ODS 3 (salud) y ODS 6 (agua).
- Ligero deterioro en ODS 15 (ecosistemas terrestres).
- Mejoría destacable en ODS 1 (pobreza) y ODS 5 (igualdad de género), aún con carencias de desempeño.
- Ligeras mejorías en ODS 8, ODS 9, ODS 17 y ODS 4.
- ODS 7: avance en renovables, pero no en asequibilidad; España sigue entre los países UE con mayor pobreza energética.
- Prioridad de esfuerzo en ODS 2 y ODS 6 (tendencias de deterioro con graves carencias).
- Recomendación transversal: gran pacto entre administración, empresa y sociedad civil ante la Agenda 2030 y la emergencia climática.
ODS 1 — Fin de la pobreza
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El crecimiento macroeconómico no parece ir acompañado de una mejora en las condiciones socioeconómicas de una enorme porción de la ciudadanía. La población AROPE ha disminuido desde un 30,20% en 2014 hasta un 25,80% en 2024, con una oscilación puntual al alza en 2020 y 2021 por influencia de la pandemia. Las cifras de 2024 son muy elevadas pese al descenso, lo cual define un problema crónico de pobreza y exclusión en nuestro país, derivado en gran parte por el desempleo de los jóvenes, la carestía de la vivienda y la alta inflación general y la mínima magnitud de los salarios, que influyen también decisivamente en la desigualdad.
España es el segundo país con mayores problemas de la UE14 en 2024 en EUROSTAT en el indicador sintético de pobreza y exclusión social para la UE27 en el que se conjugan varios determinantes de la pobreza: riesgo de pobreza, privación material, baja intensidad laboral del hogar y edad y sexo de la persona (solo por detrás de Grecia), con un 2,65% de su población total en la situación descrita, lo que equivale a 1.286.000 personas. Solo Grecia, España y Francia superan el valor medio de la UE27 y de la Zona €. Precisamente es la carencia material severa el indicador que muestra un peor comportamiento: en 2019 la proporción era del 4,7%; en 2024, la cifra alcanza el 8,4%. La diferencia de comportamiento entre la tasa de pobreza y la de carencia material y social indica un fuerte incremento de la desigualdad. Estos hechos se producen pese a la importante disminución del porcentaje de personas que viven en hogares en situación de baja intensidad de empleo, desde un 16,9% en 2014 y un 8,0% en 2024 y la tendencia de claro incremento de desempleados que reciben prestaciones, que se ha elevado desde un 55,1% en 2016, valor mínimo de los últimos años, y el 72,6% de 2024. El enorme aumento del SMI, un 67,30% desde 2017 hasta los 16.576 € en 2025, tampoco ha mitigado la nefasta evolución de la carencia material severa.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | graves carencias |
| Tendencia | mejoría destacable |
ODS 2 — Hambre cero
El Cambio Climático está afectando negativamente a la disponibilidad del recurso agua. No existen argumentos suficientemente sólidos para afirmar que el ahorro en consumo a partir de las modernizaciones enjugue el aumento de demanda bruta de agua de los nuevos regadíos. Los cálculos ajustados de demanda de agua de los Planes Hidrológicos de Cuenca presuponen disminuciones en las necesidades futuras de agua pese al incremento de superficie de regadío: - 1,58% en el Duero para 2027 (-0,91 para 2033); -0,26% en el Ebro para 2027 (-1,11% para 2023). El cálculo sin ajuste para el Ebro supondría un incremento de la demanda bruta del 5,90% en 2027 y un 10,79% en 2039 con los nuevos regadíos ya en funcionamiento. La modernización de los regadíos actuales y futuros se esgrimen como justificación del enorme aumento de superficie de regadío en el Duero (86.000 has), Ebro (150.000 has) y Guadiana (unas 5.000 has), y no se especifica la extensión que, en contra de los análisis de NN.UU., WWF, UICN y centros de investigación, de las actuaciones en el entorno de Doñana (Corona N) y, en general, en el tramo terminal del río.
Esta política arriesgada, quizá influida por el gran interés inversionista en los beneficios a corto plazo de la agricultura intensiva, puede poner en peligro el acceso al agua, la calidad de vida de amplias zonas rurales (disminución de la renta media de las pequeñas explotaciones desde los 22.500 €/añode 2019 a los 17.400 de 2021), su equilibrio ecológico. El proceso de mercantilización acelerada (penetración de las sociedades mercantiles agrícolas y ganaderas, aumento de la SAU regable, aumento del tamaño de explotación, mecanización…) se basa en la disponibilidad de agua para regadío intensivo y viene ya desde antiguo en algunas regiones. En la DH del Ebro el aumento de la SAU regable entre ambos censos ha sido del 10,09% en Cataluña, 9,60% en Aragón, 13,98% en Navarra, al tiempo que la acumulación de dicha SAU en explotaciones de más de 50 has ha crecido el 3,51% en Cataluña, 3,49 en La Rioja, 8,16% en Navarra, 8,09% en Aragón. Paralelamente, la penetración de sociedades mercantiles en el campo ha crecido un 41,93% en Aragón entre ambos censos, un 35,04% en Cataluña, un 40,47% en Navarra y un 37,76% en La Rioja. La colonización es más tardía pero sigue el mismo modelo en otras regiones. En el mismo sentido, la ganadería intensiva y las macrogranjas animales suponen un cambio de paradigma productivo alimentario, destacando la sobrecarga en Aragón, en la cual se asienta el 43,91% del total de explotaciones del PRTR. Le siguen, en este orden, Castilla-La Mancha (12,32%), Andalucía (11,13%), Castilla y León (8,75%), Murcia (7,98%), Cataluña (6,93%) y Navarra (5,53%).
El avance de la agricultura ecológica es palpable y no se producen descensos de superficie en ninguna CC.AA., pero no puede competir con el ascenso de la agricultura superindustrial. En 2023, la proporción de superficie en ecológico fue del 12,51% , frente al 8,88% de 2018.
Todo ello está sucediendo en un escenario en el que el uso de fertilizantes y fitosanitarios crece: los complejos fertilizantes totales crecen en peso comercializado en un 11,75% entre 2015 y 2021; los fitosanitarios totales, un 4,44% entre 2011 y 2021. A este panorama se añade un aumento de las situaciones de precios inusuales en los alimentos que desde 2015 ha acumulado un 44,24%, y un mantenimiento de los niveles de la obesidad y el sobrepeso.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | graves carencias |
| Tendencia | deterioro destacable |
ODS 3 — Salud y bienestar
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 13
La tendencia creciente en dotación de personal sanitario en la mayoría de los países de la UE puede reflejar cambios demográficos relacionados con el envejecimiento de la población. En la UE España muestra en enfermería la 13ª peor posición en la UE14, solo por detrás de Grecia, y la 18ª de la UE27. Existe un déficit de personal de enfermería muy evidente. En médicos, España es la 7ª mejor en la UE14, por delante de países como Italia, Holanda, Francia, Irlanda o Suecia. Dentro de la UE27, España es la 12ª mejor, superando el valor medio.
España no muestra índices alarmantes de enfermedades infecciosas y no infecciosas; sus cifras se encuentran en un nivel similar a la de os países de nuestro entorno Su atención obstétrica es universal y la tasa de mortalidad materna se ha reducido hasta 3,43 en 2023. La de niños pequeños es una de las más bajas del mundo.
Sin embargo, la falta de personal sanitario, médicos y enfermería, se ha convertido en uno de los principales problemas del sistema de salud. Este déficit se debe, entre otras causas, al envejecimiento de la plantilla, la fuga de profesionales al extranjero y las difíciles condiciones laborales, en ocasiones patrocinadas por la colonización del sistema sanitario por la empresa privada. Como consecuencia, los servicios se saturan, aumentan las listas de espera y se reduce la calidad de la atención al paciente. La derivación de fondos públicos al sector privado del negocio de la salud (privatización) está presente en todos los Servicios Nacionales de Salud de las CC.AA. El proceso es creciente y desigual reflejando las distintas políticas privatizadoras de los gobiernos autonómicos. A la cabeza (desde que se inició esta serie en 2014) están las comunidades de Madrid, Baleares y Cataluña. Es llamativo en los últimos años el impacto de este tipo de políticas en Andalucía, Extremadura, Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón. España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30% del total y hasta un 3% del PIB, (frente al 21% y 2,2% de la OCDE respectivamente).
La situación anterior puede estar influyendo en el aumento evidente de la proporción de población que vive en hogares con gasto sanitario elevado, que creció desde un 7% en 2015 a un 10% en 2021. Desde ese año, la cifra se ha reducido muy ligeramente hasta el 9,25% de 2023. El crecimiento entre los valores de 2015-2018 y el de 2023 es del 32% en 5 años. Otro factor que degrada la atención sanitaria es la magnitud de las listas de espera, en cuyo cálculo no existe un criterio unificado para las CC.AA. A escala nacional, en 2024 la espera media para una consulta es de 94 días y el porcentaje de citas médicas con una demora de más de 60 días alcanza el 54,6%. Pero en Canarias, Murcia y Madrid este último indicador supera el 70%, mostrando en el País Vasco y en Navarra valores entre 26-27%. Para cirugía, la espera media en España es de 127 días y el porcentaje de citas con demora de más de 6 meses alcanza el 20,5%. Entre regiones, el valor oscila entre el 31,6% de Andalucía (media de 169 días de espera) y el difícil de creer 0,2% de Madrid (47 días). La situación descrita influye en la percepción ciudadana del sistema de salud: en España, en 2024, solo 43% considera buena la calidad sanitaria (frente al 55% de 2023). También cae la confianza en recibir el mejor tratamiento: del 69% al 59%.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | insuficiente |
| Tendencia | deterioro destacable |
ODS 4 — Educación de calidad
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Desde 2015, el abandono escolar prematuro ha descendido en España de un 19% a un 13% en 2024, tras mantenerse en torno al 20% entre 2008 y 2015. La enseñanza obligatoria alcanza niveles prácticamente del 100% en la actualidad, y se ha producido una mejora en la segunda etapa de educación secundaria (Bachillerato o Ciclos de Educación Media), pasando del 68,8% (2015) al 79,5% /2024). Pero la competencia en algunas materias curriculares se ha degradado en los últimos años: en lectura ha descendido de un 83,8% en 2015 al 75,6% en 2022 (último periodo registrado); en matemáticas, sin embargo, la competencia se ha mantenido por encima del 90%.
En todo el período temporal, hay aproximadamente un 5% más de mujeres que de hombres que acceden a la educación superior (universitaria o de ciclos formativos). La tasa de personas entre 15 y 24 años que siguen una formación académica o algún tipo de capacitación profesional se ha mantenido estable a lo largo de estos 10 años en torno al 75%. En las comunidades autónomas, las tasas más altas (entre el 79 y el 86%) se encuentran en Extremadura, Euskadi y Cantabria; mientras que las más bajas (66-73%) las vemos en La Rioja, Catalunya y la Región de Murcia. Desde 2016 hasta 2023, el volumen de becas ha sufrido altos y bajos importantes, si bien los últimos años parece que dibujan una tendencia al alza. Entre los adultos, se ha mejorado el acceso a herramientas digitales, mientras que se acusa una leve tendencia a la baja en la proporción de población que ha alcanzado competencias funcionales en alfabetización. Es decir, el número de personas que pueden utilizar la lectura, la escritura y el cálculo en su vida cotidiana de forma efectiva y útil se ha reducido aproximadamente en un 5% entre 2012 y 2023.
El presupuesto público para educación en España ha mostrado una tendencia general de aumento en proporción al PIB, especialmente desde 2020, alcanzando máximos históricos en 2020 y 2022. En 2023, el gasto superó los 67.900 M€, con un incremento del 6,27% respecto al año anterior, aunque parece haberse producido una ligera desaceleración en el porcentaje del PIB hasta el 4,53% en 2023. El presupuesto educativo se ha incrementado en un 104,5% en el periodo 2018-2025 según informa el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El porcentaje combinado de alumnos en centros privados y concertados es de aproximadamente el 31.6% en el curso 2022-2023. Esta cifra equivale a unos 3.17 millones de estudiantes. La distribución varía considerablemente entre las comunidades autónomas y las zonas geográficas. En 2022, aproximadamente el 32.83% de las instituciones educativas no universitarias eran privadas. . La expansión de la universidad privada se debe a una combinación de factores, como la demanda, el interés de inversores y la lógica de negocio. La inversión extranjera en el sector ha aumentado, con grupos internacionales adquiriendo colegios y buscando expandir su mercado en España. Este crecimiento puede acentuar la brecha entre quienes pueden acceder a la educación privada y quienes dependen del sistema público, que en algunas comunidades está infrafinanciado.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | intermedio |
| Tendencia | ligera mejoría |
ODS 5 — Igualdad de género
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas España muestra en 2024 una brecha en tasa de empleo por sexo del 9,8% a favor de los hombres, 15 similar a las medias de la Zona € y la UE27. Entre 2018 y 2024 la brecha se ha reducido en 2,3 pp y parece afianzarse una tendencia de ligero descenso interanual, La brecha entre las tasas de desempleo evoluciona hacia una ligera disminución en todos los grupos de edad excepto en el de <25 años, que muestra un incremento entre 2023 y 2024 tras un fuerte descenso entre 2019 y 2023. Aunque también existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, de un 9,2% a favor de aquellos, ésta es muy inferior a los valores medios de la UE27 y de la Zona € , en torno al 12%, e inferior a las cifras de 8 países de la UE14; solo Luxemburgo, Bélgica, Italia, Irlanda y Portugal muestran brechas similares o inferiores a la española. En toda la UE, en general, las mujeres ganan menos por hora que los hombres.
Es en la tipología de contrato donde permanecen las mayores distorsiones por sexo. En España, la brecha es elevadísima en tiempo parcial, cercana al 18%, la 3ª más alta de la EU27 y la máxima absoluta en la UE14, lo que indica una participación femenina enorme en este tipo de contratación; por el contrario, en tiempo total la diferencia es insignificante. Cuando el contrato a tiempo parcial no deriva de la elección del rabajador, en 2024 la brecha por sexos para esta situación se sitúa en 9,1 puntos porcentuales en contra de los hombres (46,1% entre las mujeres de entre 25-49 años y 55,2% entre los hombres). Los hombres sufren, pues, una mayor incomodidad con esta situación contractual ni deseada, aunque 2024 muestra la menor desproporción de la serie 2009-2024.
Aunque le proporción de mujeres de entre 30-34 años que han alcanzado algún nivel de la educación terciaria en España es superior entre las mujeres en 2024, 10,8 puntos porcentuales a su favor, su presencia en cargos directivos empresariales en 2023 fue del 28,6%, aún alejada de la paridad, aunque superior en 1,6 puntos porcentuales al valor de 2015.
Hay que destacar la excelente evolución en las brechas por sexo en los últimos años. Sin embargo, en el tema de violencia contra las mujeres la tendencia es negativa. La violencia física y sexual contra la mujer ha empeorado entre 2015 y 2023 según los datos del INE, alcanzándose un 0,24353% y un 0,05247% en 2023 entre la población de mujeres de 16 o más años que han sufrido violencia sexual o física dentro y fuera de la pareja, respectivamente, los mayores valores de la serie 2015-2023.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | insuficiente |
| Tendencia | mejoría destacable |
ODS 6 — Agua limpia y saneamiento
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos El ODS 6 (Agua y Saneamiento) muestra una situación crítica en España. En 2021, solo el 61,5% de las masas de agua superficiales estaban en buen estado ecológico, y se estima que al menos la
mitad presentan un estado deficiente debido a presiones estructurales. La agricultura intensiva es la principal presión, representando alrededor del 80% del uso del agua (62,83% del total extraído en 2020), con una superficie de regadío en crecimiento (de 3,63 millones de hectáreas en 2015 a ~3,73 millones en 2024). El estrés hídrico es grave: el índice de explotación del agua (WEI+) fue del 8,78% en 2022 (por encima de la media UE), pero en cuencas como Segura, Guadiana y Júcar supera el 40% en verano. España es el país de la UE con mayor volumen total de agua extraída (23.618,60 millones de m³ en 2020) y el segundo en extracción por habitante (481,25 m³/hab). La sobreexplotación y contaminación afectan gravemente a las aguas subterráneas: el 27% están en mal estado cuantitativo y el 30% en mal estado químico, principalmente por nitratos y plaguicidas. 16 La sequía es recurrente: en 2012 afectó a 156.589 km² (31.33% del territorio), y 2022-2023 también fueron años muy secos. Aunque la generación de aguas residuales ha disminuido un 21.13% desde 2015, el tratamiento secundario solo cubre al 87.45% de la población, y España acumula multas millonarias por incumplimientos en depuración y contaminación por nitratos. En resumen, España enfrenta un grave deterioro en la gestión sostenible del agua, con desafíos urgentes en eficiencia, contaminación agrícola y adaptación climática para cumplir con el ODS 6.
El cambio climático agrava la crisis: se proyecta un déficit hídrico de unos 23.000 hm³ para 2030, con sequías más frecuentes e intensas (en 2012 afectaron a 156.589 km², el 31,33% del territorio). Los veranos son cada vez más severos, con olas de calor anuales desde 2015.
En depuración de aguas residuales, aunque el 87,45% de la población está conectada a tratamiento secundario, España acumula multas de la UE por incumplimientos: 13 aglomeraciones carecen de sistemas adecuados de colectores, 36 no tienen tratamiento secundario suficiente y 53 vierten aguas que incumplen los estándares. La reciente condena del TJUE por contaminación por nitratos subraya las deficiencias.
En resumen, España enfrenta un deterioro destacable en la gestión sostenible del agua, con urgentes desafíos en eficiencia, contaminación agrícola, adaptación climática y depuración para cumplir el ODS 6.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | graves carencias |
| Tendencia | deterioro destacable |
ODS 7 — Energía asequible y no contaminante
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos Las emisiones debidas a la generación eléctrica han pasado de 77.561.453 a 27.710.266 es decir las emisiones actuales son un 34% de las de 2015. Aunque en el ultimo año se han incrementado un 28% el uso gas natural por utilizar las centrales de gas desde el gran apagón de Abril de 2025. El precio final de la electricidad en España ha mostrado una tendencia alcista y volátil, con picos históricos en 2022 por la crisis energética, moderación en 2023 y fluctuaciones en 2024, volviendo a subir en 2025, debido también a los sistemas impuestos por el gran apagón. Las tendencias desde 2015 se explican por el precio del gas, factores geopolíticos y cambios en impuestos (IVA), con
precios medios anuales que han pasado de unos 60-70 €/MWh antes de 2021 a picos por encima de los 100-120 €/MWh en los años posteriores, aunque con variaciones significativas mensuales y estacionales. Aunque los precios han disminuido en el último año son ligeramente superiores a los últimos años. Por otra parte, se observan elevados precios de la electricidad que han incrementado la pobreza energética hasta llegar al 17,6% de la población de España, que no pudo mantener su casa caliente en 2024; un porcentaje que casi duplica la media europea y es más del doble que en el año 2015. “la pobreza energética está estrechamente relacionada con la crisis eco social. Desde EAPN-ES piden abordar la transición ecológica desde una perspectiva de vulnerabilidad social”. Respecto a Europa se observa que algunos países presentan tasas muy elevadas: España (20,8 %), 17 Portugal, y Bulgaria (20,7 %): existen también variables positivas como el gran incremento del autoconsumo que ya supone cercade 9 GW y la elevadísima penetración energías renovables que ya suponen el 56,8% de toda la electricidad generada en nuestro país durante 2024 empleó fuentes naturales como el viento, el sol o el agua para su producción. El sistema eléctrico español suma en 2024, 7,3 nuevos GW de potencia fotovoltaica y eólica, la mayor cantidad registrada hasta la fecha en un año, y un dato que eleva a la fotovoltaica a primera tecnología en potencia instalada, aunque esto también ha supuesto un impacto importante sobre los ecosistemas, la biodiversidad y el paisaje y se ha hecho sin ninguna participación ciudadana.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | insuficiente |
| Tendencia | estabilidad |
ODS 8 — Trabajo decente y crecimiento económico
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos Las estadísticas muestran que los salarios están creciendo pero que también lo hace la inflación y, además, en una magnitud superior: los salarios han aumentado en un 16,8% entre 2018 y 2023; en el mismo periodo la inflación acumulada ha sido del 19,2%. Es decir, en términos reales, los españoles pierden poder adquisitivo en un escenario de crecimiento económico y beneficios empresariales a escala “macro”. El PIB neto crece desmesuradamente sin aportar beneficios reales a la fuerza laboral.
Pese a una disminución espectacular de la tasa de desempleo, un -56,54% desde el valor máximo de 2013 (26,09%) al mínimo de 2024 (11,34%), este descenso queda enturbiado por los bajos salarios, la potencia del sector turístico y la fortísima inflación, que determinan porcentajes elevados de la pobreza con empleo, comparativamente muy elevada y, en cierto modo, crónica respecto a la de nuestro entorno socioeconómico europeo. España se sitúa en 2024 en la 3ª peor posición de la UE27 en pobreza con empleo tras Luxemburgo y Bulgaria. Pero al analizar otros momentos clave del s.XXI vemos que España siempre se sitúa mal en los rankings: 6ª peor en 2006 (10,1%); 2ª peor en 2017 (13,1%); 3ª peor en 2024 (11,2%). En 2024 la cifra española es muy superior a valor medio de la UE27 (8,2%) y aún más alejada de las de un nutrido grupo de la UE14 (8 países). Las condiciones del empleo en el subsector hotelero, 1,8 millones de personas en España, contribuyen a los niveles de pobreza con empleo. Los salarios medios en la actividad “Hostelería y Otros servicios” tuvo los menores salarios medios anuales en 2023, un 39,4% y un
29,6% inferiores a la media. La hostelería se sitúa tan solo un 12% por encima del salario mínimo interprofesional (SMI) en ese mismo ejercicio.
Entre los jóvenes <25 años, la reducción del desempleo es inferior pero también muy importante, alrededor del -50%, aunque aún se mantiene en niveles muy elevados en 2024, 26,62%. En relación con este grave problema, los jóvenes entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación (NiNi), alcanzan una proporción del 10,12% en 2024 (9,90% en 2023) sobre el total poblacional de su grupo de edad, acumulándose una reducción del 45,68% desde 2013 (18,63%). EUROSTAT ofrece información para un grupo de edad más amplio, entre 15-
29 años. España, con un 12%, se encuentra en 2024 en la 8ª peor posición de la UE27 y solo Italia, Grecia y Francia superan la tasa española dentro de la UE14. La cifra española está aún alejada del objetivo de la UE para 2030 sitúa en el 9%.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | graves carencias |
| Tendencia | ligera mejoría |
ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación La iniciativa Mercancías 30, con la que se pretende potenciar el transporte ferroviario de mercancías como eje vertebrador de las cadenas logísticas multimodales, desde la perspectiva dual de la recuperación económica post COVID19 y la consecución de los objetivos de descarbonización y sostenibilidad del transporte. Según los datos facilitados por Aecoc del Observatorio del Ferrocarril, dicha cuota ya no llega ni al 4% de años anteriores, sino que ahora se ha quedado en el 3,4% frente al 17% europeo. 2025 lleva camino de ser el tercer año consecutivo en descender el número de trenes de mercancías por kilómetro, a pesar de los esfuerzos del ministerio por incrementar su peso modal. Solo dos puertos españoles, Santander y Pontevedra, movilizan más de un 10% de sus mercancías por ferrocarril (11,59% y 13,73%, respectivamente). El puerto de Barcelona, que manejó en 2021 42 millones de toneladas de mercancías (el segundo en tonelaje tras el de Valencia, algo más de 48 millones) alcanza un 8,78%, lo cual es un dato comparativamente bueno a nivel nacional pero no a escala europea. Asimismo, Valencia y Bilbao (28,7 millones de toneladas en 2021) alcanza en torno al 6% de mercancías totales (cargadas y descargadas en el puerto); el puerto de Pasajes, también en el País Vasco pero muy inferior en actividad, supera levemente el 5%.
En transporte de pasajeros, el ferrocarril crece más que la carretera: 32,66% desde 2015 y 20,24% desde 2019-2023, antes de la pandemia. La carretera muestra un ascenso muy inferior, de 8,21% y 4,11% en los respectivos lapsos temporales. La tendencia a un mayor consumo de combustibles de automoción, fundamentales en el transporte por carretera, es evidente en la mayoría de las regiones españolas. El crecimiento de consumo total en España alcanza casi el 9%, produciéndose tanto en gasolinas (29,03%) como en diésel (4,51%). La penetración de los vehículos eléctricos y de sus infraestructuras asociadas continúa siendo residual. La red de recarga actual en la España peninsular muestra una grave carencia de puntos de carga ultrarrápidos.
Estos hechos no contribuyen a la descarbonización de la economía. No obstante, los datos del INE muestran una disminución de la emisiones de GEI procedentes de la industria en general y de la industria manufacturera en particular, una de las más importantes del sector industrial, desde un máximo de 0,61 kgCO2eq/€ en 2010 y 2012 a los 0,40 de 2023, un 34,43% menos. La
reducción de emisiones es especialmente visible entre 2020 (0,57 kgCO 2eq/€) y 2023, de nada menos que un -29,82% en 4 años. También se observa un declive del peso de las PYMEs industriales en la economía que pate de casi un 20% en 2009 a en torno a un 14% desde 2016. La tendencia de estabilidad alrededor de dicho valor en los últimos 8 años con datos.
La planificación de las infraestructuras muestra una problemática muy preocupante. El 71% de las instalaciones críticas (vías de comunicación, hospitales, centros asistenciales, centros educativos, cuerpos de seguridad, EDAR, instalaciones energéticas, industrias peligrosas…) se encuentran en una situación de peligrosidad MUY GRAVE, un 13% en situación GRAVE y un 16%
en situación LEVE, entro de la lámina de inundación con periodo de retorno de 500 años. Por otra parte, la planificación de infraestructuras básicas de envergadura como las de energías renovables, hidrógeno, biomasa, grandes papeleras, minería, plantas de tratamiento y almacenamiento de datos, regadíos, etc., está permitiendo la colonización de espacios protegidos sin una razón de necesidad perfectamente argumentada ni estudios de impacto ambiental con un nivel de profundidad suficiente.
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|---|---|
| Desempeño | insuficiente |
| Tendencia | ligera mejoría |
ODS 10 — Reducción de las desigualdades
Reducir la desigualdad en y entre los países En la edición de 2016, España estaba en el lugar 25º en la UE28 en el IJS de Bertelmann Stiftung. En la última edición del índice, de 2019, España se encuentra en la 8ª peor posición, es decir, posición 21ª entre los países de la UE27 más el Reino Unido. Pese a la mejora, España continúa en la zona de bajas puntuaciones del listado, por debajo de la media europea.
Esta situación desfavorable en un indicador tan sintético como el IJS se traduce en comportamientos desfavorables en otros temas más concretos. Un peso bajo o decreciente de las rentas del trabajo sobre el PIB puede indicar una mayor desigualdad, ya que una mayor parte de la riqueza va a los dueños del capital. Como ya sucedió durante la crisis financiera, a partir de 2021 y hasta el último año con datos, 2023, el descenso de la contribución del trabajo en el PIB vuelve a desplomarse, en convergencia con el grave problema salarial de España. Analizando los dos indicadores de desigualdad en los ingresos, en la Ratio 80/20 España alcanzó valores iguales o superiores a 6 desde 2009 a 2018, marcando en 2024 5,4; el Índice de Gini supera o iguala el valor de 32 entre 2008 y 2022, para bajar hasta 31,2 en 2024. Pese al importante descenso, España continúa expresando una fuerte desigualdad, que se refleja también en el ranking de la UE27 para 2024, en la cual muestra la 7ª peor posición en el ranking y solo 3 países de la UE14, Italia, Portugal y Grecia, superan el valor de 31,2 español.
Esto es así debido a que el porcentaje de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de ingresos en España es del 13,2% en 2024 (al final de la crisis financiera alcanzó el 15,9%), uno de los más altos de Europa. Según un indicador similar de EUROSTAT (Tasa de privación material y social por quintil de ingresos y tipo de hogar), España, con un 16,0%, se encuentra en la 2ª peor posición en la UE14 tras Grecia y a casi 4 puntos por encima de la media de la UE27, 12,1%. El
40% más pobre de la población española ha mostrado tasas elevadas de crecimiento de los ingresos per capita en la mayoría de los años desde 2015. Pero, de 2015 hacia atrás, la población más pobre perdió ingresos de manera mucho más significativa que la general, lo que indujo un nivel de desigualdad enorme y un punto de partida hacia la recuperación muy bajo que no consigue elevarse convenientemente. A esta desgraciada coyuntura se suma la desigualdad en el acceso a la vivienda. En 2023, una familia debía destinar 7,3 años de su renta bruta para costear la adquisición de una vivienda, lo que supone más del doble que hace tres décadas. Debido a ello, la edad media de emancipación ronda los 30 años en España, una de las más altas de la UE. El turismo influye negativamente en el mercado de la vivienda (auge de viviendas 20 turísticas): el aumento del porcentaje de las viviendas turísticas sobre el parque censado de viviendas es del 18,75% en España, pasando de un 1,28% a un 1,52% entre los meses de agosto de 2020 y de 2024, con una fortísima aceleración en el interanual 2023-2024. Igualmente, en España, alquilar una vivienda se ha convertido en un esfuerzo económico que supera con creces el de muchos países europeos. Hoy se destina de media más del 40% del salario al pago del alquiler, una proporción que en otros países no llega ni al 25%. La tasa de sobrecarga del coste de la vivienda (porcentaje de familias con costes en vivienda superiores al 40% del ingreso total) marca en España un 11% en ciudades y un 4,7% en zonas rurales en 2022 (10,6% y 7%, respectivamente, en la UE). Dada la evolución acelerada al alza en el precio de la vivienda, en 2025 los porcentajes serán muy superiores.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | graves carencias |
| Tendencia | estabilidad |
ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles Las personas sin hogar se concentran en las ciudades. Las estadísticas del INE indican un incremento del 30,37% en número neto de personas en esta condición en España entre 2006 y 2022. En 2022, exceptuando a Ceuta y Melilla, ciudades con circunstancias muy singulares, el País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla y León; Navarra, Galicia y Aragón, todas ellas situadas en la mitad norte de la Península, muestran ratios de sin hogar por 100.000 habitantes por encima de 80, cifra visiblemente superior a la media nacional, 60,19 sin hogar/100.000 habitantes. Todas estas regiones, a las que se debe sumar Madrid, son las que muestran también un incremento neto de personas sin hogar entre 2006 y 2022 superior al incremento medio nacional (30,37%), superando ampliamente el 150% en Castilla y León, Navarra, Asturias, País Vasco y Aragón, si bien desde valores muy mesurados en 2006, lo cual indica que el problema no era crónico en estas regiones en aquel tiempo, como sí sucede en Andalucía (29,42% de incremento). Entre otras causas, la desigualdad en el acceso a la vivienda tiene que ver con esta situación.
Otro problema importante es el grado de deterioro de las viviendas: ). España, con un 23% deteriorado sobre el total de parque en 2023, se sitúa en la 3ª peor posición de la UE27 y en la 2ª peor de la UE14, tras Chipre (32,1%) y Portugal (29%). La tendencia parece ser de ascenso tras un periodo largo por debajo del 18% entre 2011 y 2019. Unos seis millones de familias habitan en inmuebles con deficiencias, según los datos del texto del nuevo Plan Estatal de Vivienda en el que trabaja actualmente el Gobierno, y los grupos de edad más afectados por el deterioro de las viviendas son los más jóvenes.
España tiene un parque de viviendas viejo y poco eficiente, con más de la mitad de las casas construidas hace más de 45 años, cuando todavía no existían normativas sobre eficiencia energética. El nuevo Plan Nacional de Renovación de Edificios persigue reducir el consumo energético residencial en un 25% en esta década. La UE reclama a los países miembros reducir el consumo en el parque residencial un 16% para 2030; un 20% para 2035; y las cero emisiones para mitad de siglo. Los edificios en España consumen un 30% del total energético y representan un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La tasa de rehabilitación a nivel nacional es actualmente de solo el 0,2% anual. Sin embargo, el Ministerio asegura que la buena marcha de los trabajos en España animan al Ministerio a marcar una reducción del 25% ya para el final de 21 esta década. Esta estimación parece excesivamente optimista.
Más complicada es la localización de viviendas en zonas inundables. En 2021 se contabilizaron 12.980 has para T=10 años y 54.502 has para T=500 años para las áreas urbanas. 2.730.000 personas viven en las zonas inundables de mayor riesgo de las cuencas intercomunitarias. De esta manera, en las cuencas intercomunitarias hemos pasado de una estimación de 2.481.000 habitantes a 2.730.000 habitantes viviendo en las zonas inundables de mayor riesgo. Por su parte, el sector de la construcción arremete con esta fiereza contra un aspecto del urbanismo tan importante como es el de la seguridad ciudadana por riesgo de inundación, tratando de hacer perdurar un modelo de crecimiento urbano a todas luces irracional (DANA de 2024), más aún debido a la situación de cambio climático. El calor extremo muestra una correlación elevada con la mortalidad atribuible a la temperatura en gran parte del país. Diferentes coyunturas sociales, económicas y climáticas van a determinar la capacidad de la ciudadanía para dar una respuesta eficaz y equitativa a las nuevas necesidades. Algunos territorios son más vulnerables que otros. No se está actuando con la intensidad necesaria para prever y paliar esta nueva situación, que afecta especialmente a los centros urbanos. La planificación de zonas verdes y la ayuda para climatización en áreas urbanas muy castigadas es una prioridad.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | insuficiente |
| Tendencia | estabilidad |
ODS 12 — Producción y consumo responsables
En 2022, España muestra 2,7949 €/kg en el indicador de eficiencia (productividad en el uso de los recursos, DMC), cifra muy similar a la consolidada de 2019 (2,7359 €/kg). Según este último dato, España se sitúa en la 8ª mejor posición en el ranking de la UE27 y de la UE15, contando al Reino Unido, que presumiblemente nos supera. España se incluye en un grupo con eficiencias inmediatamente inferiores a las de Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido, países con economías de alta actividad financiera, grupo formado por Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Malta y Austria, que varía entre 3,2622 €/kg de la primera y 2,3998 €/kg de la última, todos ellos por encima de la media de la UE27 (2,1261 €/kg).
Esta posición intermedia en la UE14 en un indicador sintético no puede ocultar una problemática creciente derivada de un modelo de consumo que no va acompañado de una buena estructura de gestión de residuos. España no es una gran generadora de residuos urbanos. Desde 2014 (448 kg/hab de residuos municipales generados), el valor se ha mantenido prácticamente constante hasta 2023 (465 kg). Es en la gestión de residuos donde España no avanza. El porcentaje de residuos totales de todos los tipos (excepto los minerales) que acaban en vertederos en España data de 2020 y se cifra en un 44%. Dentro de la UE14 tan solo Portugal muestra una cifra superior en
2020 (46%). En residuos municipales estrictos, España vertía en 2022 nada menos que el 50,29% del total generado: en la UE14, solo Portugal y Grecia superan el valor de España. La persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados y restaurados desde 2008 está provocando daños graves al medio ambiente y pone en peligro la salud humana. Esto indica también que España ha faltado a sus obligaciones de control, inspección y cumplimiento en relación con el vertido de residuos.
Sin datos para 2023, España mostró en 2022 una tasa de reciclaje de residuos municipales inferior en 6,2 puntos porcentuales al valor medio de la UE27 (49,1%). España (42,9%) ocupa la
5ª peor posición entre 13 países de la UE14. La tasa de reciclaje de embalajes es comparativamente elevada en España (69,4% en 2022), en contraposición con la baja tasa del total de residuos municipales, de los cuales forman parte en un elevado porcentaje. Las estimaciones de los SCRAP, que son las que alimentan las estadísticas oficiales de recuperación y reciclaje de embalajes, están siendo ampliamente cuestionadas en muchos países de la UE, incluida España, sobre todo en lo referido a los envases de plástico. La desproporción entre ambas tasas no es fácil de explicar.
La recogida separada adolece de grandes carencias de implementación. En 2020, el 42,86% del reciclaje declarado provino de la bioestabilización de la fracción resto, materia orgánica recuperada mediante TMB de residuos mezclados; si se suman otros materiales separados en TMB, el total llega a 50,54%. Pero este tipo de tratamientos dejarán de computar en 2027 en el cálculo de la tasa de reciclaje en la UE, por lo que España no podrá alcanzar el objetivo de reciclaje del 50% exigido por la Comisión Europea.
Según datos del INE, en España ningún residuo peligroso es destinado a operaciones de relleno. Sin embargo, la situación de los residuos peligrosos en España es caótica. La generación per capita de residuos peligrosos en 2022 apenas ha variado respecto a la de 2015 y se mantiene en torno a los 72 kg/hab. Pero la proporción de residuos peligrosos reciclados en 2022 se sitúa por debajo de la media del periodo 2015-2022 en unos 2 puntos porcentuales (pp), marcando un máximo en 2016 (74,1%). El porcentaje de incineración con recuperación energética se sitúa en todo momento entre el 6-7,5%. Pero lo más importante es el elevado porcentaje de residuos peligrosos enviados a vertedero, que en 2022 alcanza su valor máximo, 25,2%, 2,3 pp por encima de la media, 22,9%. En España existen multitud de instalaciones sin licencia para albergar residuos peligrosos que, sin embargo, los reciben. La Comisión Europea ha denunciado a España ante el TJUE por este asunto.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | insuficiente |
| Tendencia | deterioro destacable |
ODS 13 — Acción por el clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
España presenta una situación crítica y un deterioro destacable en la acción climática. Aunque lasemisiones de GEI per cápita han descendido un 25% desde 1990 hasta 5,73 tCO2eq/hab en 2024, las emisiones totales solo han caído un 7% desde 1990, y grandes corporaciones como NATURGY e IAG aumentaron sus emisiones en 2024 (4,2% y 5,02% respectivamente).
El calentamiento se acelera de forma alarmante. La temperatura media en 2022 fue +1,5 ºC superior al promedio 1991-2020. El periodo 2020-2025 es excepcional, con aumentos mensuales que superan los +2,5 ºC en meses como mayo, junio, agosto y octubre respecto a los años 60-70. Las olas de calor son ya un fenómeno anual desde 2015, con eventos cada vez más tempranos, largos e intensos: en 2022 hubo 41 días de ola de calor, y en 2025 se batió el récord de anomalía térmica con +4,6 ºC en agosto, la ola más intensa desde 1975, que afectó a 79 estaciones con máximas superiores a 40 ºC.
Este calor extremo tiene un impacto directo y medible en la salud pública. Existe una fuerte
correlación estadística entre los días de ola de calor y la mortalidad por temperatura en numerosas provincias, especialmente en zonas de clima continental. Zaragoza muestra una correlación del 90,75%, y provincias como Cuenca acumularon 174 días de calor extremo entre 2015 y 2023. En 2025, el sistema MoMo del Ministerio de Sanidad atribuyó 3.300 muertes al calor. Esta realidad evidencia la urgente necesidad de medidas de adaptación en el entorno urbano, como el aumento masivo de vegetación, corredores verdes y sombraje para mitigar el efecto de isla de calor y proteger a la población vulnerable.
Los desastres naturales se intensifican y diversifican. En 2024, las inundaciones por DANA causaron al menos 236 fallecidos (ratio de 0,48 por 100.000 hab), la cifra más alta de la serie. En 2025, los incendios forestales arrasaron más de 400.000 hectáreas. Aunque un 68% de los gobiernos locales había adoptado estrategias de reducción de riesgo en 2021, estas resultan claramente insuficientes ante la nueva magnitud de los eventos, revelando una falta de preparación y coordinación entre administraciones.
La respuesta institucional y política es lenta y deficiente. La evaluación de las 172 recomendaciones de la I Asamblea Ciudadana por el Clima (2022) muestra que, en 2025, el 10,5% están en claro retroceso, el 42,4% no han tenido ningún avance y solo el 5,2% muestran avances relevantes. Además, España no aportó fondos a la Convención Marco de la ONU en 2022, incumpliendo su compromiso financiero internacional (Meta 13.a).
En conclusión, España enfrenta una emergencia climática con efectos tangibles: calentamiento acelerado, olas de calor letales, desastres naturales más frecuentes y graves, y una adaptación insuficiente tanto en infraestructuras (como la falta de vegetación urbana) como en gobernanza. Se requiere una acción urgente, coordinada y mucho más ambiciosa en mitigación, adaptación y justicia climática para cumplir con el ODS 13.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | insuficiente |
| Tendencia | deterioro destacable |
ODS 14 — Vida submarina y costa
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible Las temperaturas de las aguas marinas están aumentando a una tasa de 0,25°C por década, en comparación con el 0,15°C por década de la media global. Este fenómeno es especialmente alarmante en el Mediterráneo, donde el calentamiento es entre dos y tres veces superior al promedio mundial desde la década de 1980, lo que está provocando un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor marinas, así como una mayor salinización de las aguas superficiales. Los datos del INE sobre pH medio marino en España muestran que el pH ha
descendido ligeramente, de 8,085 en 2008 a 8,062 en 2020, -0,009 unidades de pH. Estos dos problemas básicos, directamente relacionados con la actividad antrópica, no parecen ser tenidos en cuenta a la hora de planificar el futuro.
La urbanización de la costa y la contaminación subsiguiente forman parte de las actividades antrópicas que degradan los ecosistemas marinos. Mientras que en 1987 el tan solo el 6,61% de la franja de 10 km estaba artificializada, 24 años después este porcentaje asciende a un 10,48%, lo cual supone un incremento de casi un 60%. El ritmo de atificialización fue especialmente elevado entre 2000 y 2006, periodo en el que duplicó al del periodo inmediatamente anterior (1987-
2006).
Por otra parte, la sostenibilidad de la pesca está en entredicho. Cabe destacar la insuficiencia de datos y, por tanto, de conclusiones claras respecto al impacto de la pesca en la salud ecológica y en la sostenibilidad de los caladeros. Los stocks en BEA representan entre el 27-39% en las demarcaciones Noratlántica y Canaria. La situación en los caladeros mediterráneos es pésima: Estrecho-Alborán ya no cuenta con ningún stock en BEA y tiene el 13% con seguridad fuera del buen estado, aunque solo hay datos para una pequeña parte del espacio muestral. En Andalucía occidental (Demarcación Sudatlántica), dentro de lo conocido se estima que el 40% de los stocks está sobreexplotado y tan solo un 10% tiene una extracción sostenible, pero no existen conclusiones para el 50% de la muestra de estudio.
La flota pesquera española se va reduciendo año tras año. El tamaño de nuestra flota se ha reducido en un -34,50% entre 2006 (13.331 barcos) y 2021 (8.732 barcos), pero nuestro volumen de capturas ha permanecido relativamente constante durante los últimos 16 años, en torno a las 800.000 toneladas. La capacidad extractiva de los buques de altura congeladores es muy superior a la de la flota artesanal que opera en los caladeros nacionales. De ahí el elevado porcentaje de barcos pequeños respecto al total de la flota. Los impactos sobre la ecología de las pesquerías de la flota de arrastre son muy importantes y parece aconsejable una reconversión paulatina de la misma hacia métodos de pesca más selectivos. Por el contrario, la pesca artesanal (casi un 72% del total de la flota pesquera en referencia a la eslora), se caracteriza por su sostenibilidad ambiental y social. La capacidad pesquera de las embarcaciones de menor tamaño que se dedican a la pesca artesanal se había reducido en 2011 en un -34% con respecto a 1995, mientras que la capacidad pesquera del total de la flota industrial (alimentada por las subvenciones) ha aumentado un 70%.
España es una potencia en acuicultura, la cual puede acarrear múltiples y peligrosos impactos si se gestiona mal o se sobredimensiona. En el Atlántico se extrae mucho pescado y la producción de acuicultura solo representa el 5,72% del peso de pescado salvaje descargado. El porcentaje se eleva hasta en 44% en el Mediterráneo, en la cual los caladeros son inferiores y están sobreexplotados.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | graves carencias |
| Tendencia | estabilidad |
ODS 15 — Vida de ecosistemas terrestres
España es el país europeo con mayor biodiversidad, pero también el más vulnerable, albergando 350 especies amenazadas. Aunque el 27,39% del territorio está en Red Natura 2000 (2023), el crecimiento de áreas protegidas es insignificante (0,3% entre 2012-2022), lejos del objetivo del 25 30%. Solo el 0,78% tiene protección estricta y el 34% de las áreas clave carecen de cobertura legal, con grandes disparidades entre comunidades.
La fragmentación de hábitats ha aumentado décadas, perdiéndose 2,5 millones de hectáreas de suelo natural (1987-2018). La superficie artificial creció un 34% (1990-2018). Cada 100 km² están fragmentados por 2,5 km de autovías y 26 km de carreteras, dividiendo el territorio en más de 1.000 fragmentos.
La calidad de los hábitats se deteriora: los hábitats en estado desfavorable pasaron del 62,3% (2008-2012) al 73,3% (2013-2018). Las especies en estado desfavorable aumentaron del 53,5% al 64,8%.
La gestión forestal es insuficiente y no está basada en la ciencia, olvidando además la gestión tradicional. Aunque España tiene 19 Mha de bosque (3º en Europa) y el volumen maderable creció un 23%, un 77,54% de las repoblaciones productivas son eucaliptos y coníferas pirófilas, elevando el riesgo de incendios. Solo Galicia corta más del 50% de la madera nacional, con una tasa de extracción equiparable a la UE (66%).
Los incendios forestales son cada vez más graves. En 2025 se quemaron 391.089 hectáreas (la mayor superficie desde 1994) con una ratio récord de 52,49 ha/incendio. Más del 40% de la superficie quemada en 2025 afectó a Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000.
La desertificación avanza rápidamente: el 40,9% del territorio español está amenazado (206.217 km²), el doble de estimaciones anteriores. Provincias como Murcia (91%) o Almería (84%) son críticas. La proporción de tierra degradada se duplicó, del 5,2% en 2015 al 11,1% en 2019.
El marco normativo es débil: el ecocidio no está tipificado como delito. Los procesos de evaluación ambiental son opacos y se simplifican (Real Decreto-Ley 20/2022), aprobando proyectos con estudios cuestionables. España gasta un 20% menos en protección ambiental que la media de la UE.
En resumen, España muestra graves carencias en la protección de su biodiversidad terrestre, con tendencia al ligero deterioro, incumpliendo las metas del ODS 15.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | graves carencias |
| Tendencia | ligero deterioro |
ODS 16 — Paz, justicia e instituciones sólidas
España no es, comparativamente, un país violento en el que se vea amenazada la convivencia. No obstante, la proporción de población que se siente segura al caminar sola en la zona donde reside después de oscurecer se mide a través del reporte de delitos, violencia o vandalismo en su área. En 5 años estos aumentaron en un 4%: 10% (2015) a 14,1% (2020). En general, los indicadores relacionados con los crímenes violentos contra la población adulta tienen índices bajos 26 y estables; entre 2015 y 2023 la media se sitúa en 0,83309 muertes por 100.000 habitantes y en ningún año se alcanza el valor de 1, aunque 2023 muestra el mayor valor, 0,93356. Los registros oficiales de proporción de la población que ha vivido violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses también se mantienen en niveles reducidos: 0,69% en 2015; 0,90% en 2023. La proporción es ligeramente superior entre las mujeres en 2023 (1%, frente al 0,76% de hombres).
La violencia sexual se ejerce mayoritariamente contra las mujeres. La proporción de población que ha sufrido algún tipo de agresión sexual entre los 18 y los 29 años es del 0,008% para los hombres y del 0,102% entre las mujeres. La cifra para las mujeres es un 1.180 % más elevada. Tanto el Defensor del Pueblo como la Sala Coordinadora de los Servicios Especializados de Atención a Personas con Discapacidad y Mayores criticó1 las barreras para que las mujeres con discapacidad puedan denunciar la violencia machista por la “poca credibilidad” que se les atribuye y la “falta de concienciación de los operadores jurídicos”. La violencia contra la infancia es muy poco significativa (0,000189% en 2015; 0,00203% en 2023), pero existe.
Los temas relacionados con la confianza pública, la corrupción y la eficacia judicial son preocupantes. Aun así, el número de casos de soborno a funcionarios públicos muestra una tendencia a la baja desde 2019, momento a partir del cual el número neto de casos se sitúa en todos los años por debajo de la media de la serie 2015-2023 (88,89 casos de soborno). Las noticias de los últimos escándalos, en ausencia de estadísticas oficiales concretas, tiñen de pesimismo una valoración futura de un indicador de este tipo. La corrupción tiene consecuencias sobre el grado de satisfacción con los servicios públicos. Menos del 50% de la población se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en el periodo 2015-2023. El porcentaje de población que considera que la clase política se preocupa de lo que piensa la gente: del 22,25% en 2015 al 23,4% en 2025, proporciones muy reducidas en ambos años. La combinación de una participación ciudadana estable pero baja en las instituciones y el sentimiento mayoritario de que la clase política no responde a sus necesidades subraya la urgencia de priorizar reformas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la proximidad de las instituciones a la ciudadanía.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | insuficiente |
| Tendencia | estabilidad |
ODS 17 — Alianzas para lograr los objetivos
España ha fortalecido los recursos internos para mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. El total de ingresos de las administraciones públicas en proporción al PIB ha aumentado armónicamente a lo largo de todo el período 2010-2024 desde el 36,36% de 2010 al 42% de 2 023. Igualmente, entre 2015-2023, la proporción de ingresos totales 27 de los presupuestos generales del estado que provienen de impuestos se ha situado entre el 85% y el 80%.
El gasto en desarrollo para los países menos adelantados que (en valores netos) ha pasado de 22.000 M€ (2016), a los casi 29.000 M€ en 2023, pasando por un pico de 29.200 en 2022. El crecimiento del presupuesto para cooperación al desarrollo ha crecido, por tanto, un 28,30% entre 2016 y 2023. No obstante, aunque se ha producido un incremento de la AOD respecto a la Renta Nacional Bruta (RNB) y al PIB en el periodo 2016-2023 desde 2017-2018, las cifras están aún lejos del 0,7% del objetivo histórico de NN.UU.. En los últimos dos años con datos el crecimiento se ha detenido, observándose incluso un descenso en lo relativo al PIB en 2023. Paralelamente, el dinero que los emigrantes envían a su país de origen en proporción al PIB se han visto incrementadas entre 2013 (0,65%) y 2024 (0,77%). Dada la penetración en el extranjero de nuestro sector de la construcción y de nuestra industria turística, las cantidades destinadas a la promoción del desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia a países en desarrollo parecen irrelevantes. La asistencia financiera y técnica a países en desarrollo ha sufrido importantes variaciones en el período 2016–2023 que se pueden considerar como movimientos empresariales para fortalecer la influencia en América Latina.
Los indicadores macroconómicos del país apuntan a una economía más abierta e integrada internacionalmente. Sin embargo, persisten retos importantes. La deuda pública ha aumentado en relación con el PIB, a pesar de una ligera mejora en el saldo fiscal. La inflación, que en 2015 era prácticamente nula, ha repuntado en los últimos años, lo que refleja tensiones de precios derivadas de shocks recientes. Asimismo, el dinamismo inversor y exportador se ha debilitado en comparación con 2015 y, aunque los ingresos fiscales han crecido, el balance sigue siendo negativo. En conjunto, la tendencia combina avances significativos en empleo, estabilidad financiera e internacionalización, con desafíos relacionados con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la pérdida de impulso en algunos motores del crecimiento.
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Desempeño | intermedio |
| Tendencia | ligera mejoría |
Recomendaciones SOS25
Políticas públicas
- Protección social reforzada: subir el gasto en protección social al 25% del PIB y blindar el SMI.
- Agroecología y agua: revisar planes hidrológicos, proteger acuíferos, reducir regadíos y moratoria a macrogranjas.
- Sanidad pública universal: financiación al 8% del PIB y refuerzo de la Atención Primaria.
- Educación pública y verde: inversión al 5,5% del PIB; currículum con sostenibilidad transversal y formación a altos cargos.
- Energía justa y renovable en zonas antropizadas que beneficie a la ciudadanía; planificación participativa y desarrollo de la Ley de Pobreza Energética.
- Movilidad sostenible: duplicar la cuota del tren, potenciar mercancías ferroviarias, red territorial mallada y prohibir la venta de coches de combustión en 2030.
- Economía circular: reducir residuos 20%, implantar SDDR y prohibir el vertido de reciclables; responsabilidad ampliada del productor.
- Biodiversidad: corredores ecológicos, anillos verdes urbanos, 30% de territorio y mar protegidos para 2030.
- Gobernanza transparente y feminista: autoridad independiente Agenda 2030 y presupuestos con perspectiva de género.
Empresas
- Responsabilidad y transparencia: reporte obligatorio de impacto y debida diligencia.
- Economía verde y empleo digno: responsabilidades en biodiversidad, descarbonización, economía circular, depuración y calidad del aire.
- Finanzas sostenibles: fiscalidad verde e inversión en proyectos sociales y ambientales.
Ciudadanía y sociedad civil
- Educación y participación: campañas de consumo responsable y salud ambiental; consejos locales de sostenibilidad.
- Consumo consciente: reducir carne y ultraprocesados; promover reparación y segunda mano; combatir la obsolescencia programada.
- Movilización y control democrático: transparencia y rendición de cuentas de la Agenda 2030; asambleas ciudadanas; fortalecer organizaciones sociales.
Cooperación internacional e innovación
- Solidaridad global: alcanzar el 0,7% RNB en Ayuda al Desarrollo y coherencia de políticas comerciales.
- Alianzas multiactor: plataformas de colaboración para soluciones locales e innovación social.
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